La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la apertura de procesos administrativos sancionatorios a título personal contra los representantes legales de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Medimás, Convida, Comparta y Coomeva, por el presunto incumplimiento a las instrucciones impartidas en medidas cautelares, para que resolvieran 12.740 casos que generan un riesgo para la vida de los usuarios. 

Las medidas de estricto cumplimiento les ordenaban remover, de manera inmediata, las barreras que impedían a los usuarios acceder a tratamientos de alto costo y a la entrega de medicamentos. Sin embargo, al momento de verificar el cumplimiento de la medida tomada por el ente de control, se evidenció que 7.468 casos se encontraban aún pendientes por resolver.

De acuerdo con el Superintendente Delegado de Procesos Administrativos de la Supersalud, Andrés Evelio Mora Calvache, la mayoría de estas peticiones, quejas y/o reclamos (PQRD), fueron radicadas ante la Superintendencia a lo largo de 2019 con corte a marzo 31 de 2020, pero las EPS mencionadas no dieron respuesta y solución de fondo a los casos, razón por la cual la Entidad decidió emitir las medidas cautelares correspondientes.

“Transcurrido el plazo conferido en dichas medidas, se evidenció el presunto incumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia, por lo que se ordenó el inicio de los procesos administrativos sancionatorios correspondientes”, explicó el funcionario.

En el cuadro a continuación, se indica el número de PQRD que motivaron la medida cautelar en cada una de estas entidades, y los casos que, a la fecha de verificación, aún no se encontraban resueltos:

Adicionalmente, Mora Calvache indicó, en lo que respecta a la EPS Coomeva, que “también se abrió investigación a esta entidad por el incumplimiento de una medida cautelar, un fallo de tutela, y porque no dio respuesta a unos requerimientos formulados por la Superintendencia”.

Las investigaciones se abrieron contra los representantes legales de las EPS: Alex Fernando Martínez Guarnizo, de Medimás; Angela María Cruz Libreros, de Coomeva; Hernando Durán Castro, de Convida, y Mónica Hernández Benites, de Comparta.

Es de resaltar que, de comprobarse la responsabilidad de los investigados, podrían verse incursos en sanciones a título personal que van desde los 50 hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), e incluso, la remoción del cargo e inhabilidad hasta por 15 años para el ejercicio de cargos, que incluyan la administración de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.